Morir en Nochebuena

(Ilustración: Juan Pablo Gianello)

La foto de los cazadores, junto a su presa. En la mesa de acero inoxidable de la morgue del Hospital de San Carlos de Bariloche, está el cuerpo desnudo. El forense ya ha hecho su trabajo. El cadáver está totalmente abierto. El informe indicará que tenía ocho heridas de bala: una en el cráneo, tres en el rostro, dos en las piernas y las otras dos en el pecho.

Atrás del cuerpo los cazadores se abrazan, sonríen y posan para la foto. En el centro está el oficial principal de la Policía de Río Negro Daniel Jesús Navarro, que fue quien reunió y organizó el grupo. A cada lado están los ejecutores: el oficial inspector Jorge Saúl Bobadilla, jefe de la cuadrilla, y los suboficiales Héctor Mario Gadea; Ricardo Jesús Chávez; José Luis Antilaf; Alejandro Schmeisser; Osvaldo Raúl Sánchez; Néstor Fabián Millaqueo y José Luis Bobadilla.
Sonríen para la foto, detrás del cadáver desnudo y desguazado de José Pedro “Pedri” Figueroa. Un instante antes, el forense Leonardo Sacomanno realizó el mismo estudio en los cuerpos de Daniel Omar Palma, Florentino Jaramillo Oyarzún y José Oyarzo Navarro.

A Palma el médico le extrajo un proyectil del cráneo y certificó un balazo que le perforó la muñeca izquierda. A Jaramillo Oyarzún le encontró tres balazos en el pecho, que lo traspasaron de lado a lado. Oyarzo Navarro tenía siete balas en el cuerpo: cuatro en el brazo izquierdo, dos en el pecho y una en el abdomen.

Es 25 de diciembre de 1992. Los policías han acribillado a sus cuatro presas unas horas antes, en plena Nochebuena y cuando los petardos se confundían con los disparos, la mayoría hechos a no más de un metro de distancia. Ahora sonríen y quieren una foto que perpetúe el momento. Según ellos, han vengado la muerte del sargento Guillermo Osses, ocurrida cinco días antes cuando intentó evitar un asalto.

La cámara hace clic y el improvisado fotógrafo revela el rollo al día siguiente. Toma la precaución de hacer copias para cada uno de los nueve policías y hace una décima para él. La guarda en un cajón. La guarda durante 12 años hasta que, un día, se la muestra al periodista.
-¿Me la prestás, para publicarla? Quiero escribir algo del caso.
-No. Es mi seguro de vida. Seguirá guardada ahí. Uno nunca sabe lo que puede pasar…
El hombre tiene un temor fundado.

La impunidad

La masacre de Nochebuena quedará impune, después de un juicio declarado nulo y de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerara prescripta la causa, en diciembre de 2009. Para justificar el miedo, también hay que contar con las amenazas que recibieron jueces, fiscales y medios de prensa durante los meses que duró la instrucción del expediente 126/93 “Bobadilla, Jorge Saúl y otros s/homicidio en agresión”.

Las decisiones tomadas por el Estado y la Justicia rionegrina han sido contradictorias.

Todos los policías continuaron en funciones. Aún hoy la mayoría de ellos reviste en la fuerza,  aunque conservan la misma jerarquía que en 1992. El 8 de enero de 2014 Jorge Saúl Bobadilla, todavía con su rango de oficial inspector, fue designado jefe del Destacamento Especial de Seguridad Vial de la localidad de Ingeniero Jacobacci, por el Comando Superior de la Policía de Río Negro. La resolución fue refrendada por el gobernador Alberto Edgardo Weretilneck.

La justicia civil reconoció, después de muchos años, la responsabilidad del Estado en la ejecución de los cuatro hombres. Sin embargo la Provincia de Río Negro apeló la sentencia y todavía se niega a pagar la millonaria indemnización a los deudos.

Entre tanto, en septiembre de 2014, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó firme un fallo de la Cámara del Trabajo de Bariloche, que había rechazado una demanda de los policías  Jorge Saúl Bobadilla, José Luis Bobadilla y Héctor Mario Gadea, que pretendían que se les dieran los ascensos que no se les habían otorgado mientras estuvo viva la causa penal y exigían que se les pagaran las diferencias de los sueldos correspondientes. En esencia, la Justicia dice que son hombres culpables, pero que no pudieron ser juzgados.

El hombre que guardó la foto, tiene un fundamento mucho más concreto que justifica su cautela: la falta de condena de la Masacre de Nochebuena, dejó una puerta abierta que la Policía de Río Negro ha seguido utilizando periódicamente.

La noche del 13 de abril de 2000 un grupo de policías hizo una razia en el barrio 34 Hectáreas, en los suburbios de la ciudad de Bariloche, y atacó a balazos a un grupo que bebía cervezas en un baldío. Héctor “Titi” Almonacid murió desangrado por una bala que le perforó una pierna. El sargento Domingo Anticura, supuesto autor del disparo mortal, fue absuelto.

Mucho más cerca, la madrugada del 17 de junio de 2010, una bala policial perforó la cabeza de Diego Bonnefoi, un chico de 15 años. Horas después, una revuelta vecinal provocó una brutal represión y las balas del Estado esta vez mataron a Nicolás Carrasco, de 16 años, y a Sergio Cárdenas, de 28.

De las ocho muertes, de los ocho ajusticiamientos policiales, solo recibió condena el homicidio de Bonnefoi.

La Nochebuena del 92, la noche sin luna de abril de 2000 y las 24 horas del 17 de junio de 2010 marcaron la historia de Bariloche. Desnudaron sus desigualdades y su enfrentamiento social, que resurge con cada mínima crisis. Ya no se puede maquillar esta ciudad como un lugar idílico.

Norma

Norma Gómez tiene 59 años. Es viuda desde hace casi 23 años. Su marido José Oyarzo Navarro murió de siete balazos.

“¿Sabe que es lo que más me duele?, que mis hijos no pudieron cumplir sus sueños. Si no hubieran matado a su padre, seguramente le hubiéramos podido dar la posibilidad de estudiar, de hacer una carrera. Yo sola, trabajando en los hoteles, no pude hacerlo”, dice Norma, que sigue viviendo en la misma casa de la calle Neuquén en donde criaba a Gisell y a Cristian, que eran niños pequeños en el 92.

Es una mujer amable, sencilla, que habla sin rencor pero con una enorme decepción y una profunda tristeza. “Tengo un sabor amargo. La Justicia ha estado ausente y eso, además del caso nuestro, ha dejado abierta una puerta para que la policía siga sintiéndose impune, haga lo que haga”.

Norma ha visto a funcionarios judiciales iniciar su carrera desde el primer escalón y jubilarse como jueces. Ha visto como los 15 cuerpos originales del expediente han pasado de abogado en abogado, sin que ninguno pudiera lograr darle una respuesta. Ha tenido una sentencia civil a favor, que la Provincia de Río Negro se niega a pagarle. Ha caminado casi 23 años por los pasillos de Tribunales y los estudios jurídicos, sin dejarse vencer por las constantes decepciones.

“Si, a veces me siento cansada de tanto ir y venir de papeles. Espero que alguna vez esto tenga un final. Antes quería que alguien se hiciera cargo de lo que pasó, que el Estado pagara por lo que hizo y que el dinero les ayudara a mis hijos a estudiar. Ahora, ya casi no espero nada”.

Los hijos de Norma ya son grandes. Tienen sus vidas encaminadas. Pero la masacre de Nochebuena no ha sido olvidada por nadie. Está presente, todavía. Tanto que, 23 años después, Norma dice: “Te pido que no digas donde trabajan mis hijos. Los pueden mirar mal. Hasta capaz que pierden el trabajo. Esta sociedad es así”. Y tiene razón. A Jorge Saúl Bobadilla la mayoría de los policías rionegrinos lo ven como un héroe, un referente. Una parte de la sociedad barilochense también.

Las dos ciudades

Bariloche está dividida en dos. Siempre lo estuvo, desde sus mismos orígenes. Su fecha de fundación fue resuelta por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que la fijó el 3 de mayo de 1902. El “San Carlos” se incorporó para reconocer a uno de los primeros comerciantes, Carlos Widerhold. El “Bariloche”, es una deformación de una voz nativa. Estas tres cosas, ya desconocen voluntariamente que estas eran tierras mapuches. Toda la historia oficial está contada desde la llegada del hombre blanco, del huinca, y deja olvidado todo lo anterior e ignora las masacres cometidas en la zona en nombre de la civilización, de la “Suiza argentina”.

En 1992 Bariloche  tenía poco más de 80.000 habitantes y se dividía entre patrones y empleados. Hasta en la geografía de la ciudad se marcaba (hoy ocurre lo mismo) la diferencia de clases: una ciudad rica y bella cerca del lago y los trabajadores y el pobrerío ocultos en la zona alta. Así se llama a los barrios periféricos: El Alto. Allí ocurrieron los hechos.

El sargento

En Bariloche las noches siempre son frías o, como mínimo, frescas. La del 20 de diciembre de 1992 no era la excepción.
A las 20, todavía quedaba un resabio del día, una penumbra, antes que el sol se acostara detrás del cerro Tronador.

En un barrio del Alto, alguien aprovechaba esa letanía para robar una camioneta que estaba estacionada en una calle poco transitada. Era una Ford F 100 verde claro. La chapa patente todavía llevaba la letra R de la provincia en donde estaba registrada y seis números: 001565.

El hecho no hubiera merecido ni un solo párrafo en las páginas de policiales, si no fuera porque fue el comienzo del hecho más salvaje ocurrido en la historia de la ciudad.

Nunca se supo quien la robó y por dónde circuló en las horas posteriores. Lo que sí se comprobó es que cerca de las 4.30 de la madrugada del 21, la F 100 ingresó al predio donde estaban los talleres y la las oficinas de la compañía Tres de Mayo, la empresa de transporte público de pasajeros local, ubicados en la esquina de Palacios y Hermite, del Alto barilochense.

La fiscalía dijo después que en la camioneta “había entre 6 y 10 personas, todos hombres, probablemente jóvenes”.
Estaban armados y, sin grandes problemas, redujeron a los empleados que lavaban los colectivos, algún administrativo rezagado y un par de choferes que esperaban tomar el primer turno de la mañana.

El custodio de la empresa era el sargento de la Policía de Río Negro Guillermo Osses, que normalmente cumplía servicios adicionales allí para llevar algún dinero extra a su casa.

Tenía 36 años y, unos minutos antes que llegara la camioneta, había concluido su turno y se iba caminando hacia su casa. Seguramente el grupo de la F 100 había esperado verlo salir pero, cuando ingresaron al playón, Osses todavía estaba a no más de 100 metros del lugar y observó el movimiento.

“Osses ya había cumplido con su trabajo. Perfectamente hubiera podido seguir su camino, pero evidentemente era un hombre responsable y regresó”, recuerda el periodista de Policiales Serafín Santos, hoy  jubilado, que fue uno de los que más de cerca siguió el caso.

La banda tenía un objetivo bien claro. Pretendía cargar en la camioneta la caja de seguridad de la empresa, que contenía gran parte de la recaudación del día 20.

El sargento Osses no tenía ningún equipo de comunicación que le permitiera pedir apoyo. Reingresó solo al playón de la Tres de Mayo. Algún testigo diría más tarde que alcanzó a dar la voz de alto y a identificarse como policía. Incluso se estima que desenfundó el arma y efectuó algún disparo al aire. La respuesta que obtuvo fue la de ocho balazos. Todos lo impactaron por debajo de la cintura.

Los integrantes de la banda supieron que ya era tarde. Que los estampidos seguramente habían alertado al barrio y que alguien llamaría a la policía. Entonces, decidieron abortar el plan y escapar sin llevarse nada.

El sargento Osses fue trasladado al Hospital Zonal y falleció a las 13.45 de ese mismo día, cuando ya la gran mayoría de los efectivos policiales de la Unidad Regional IIIa., están abocados de lleno a tratar de identificar y detener a la banda.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 4, a cargo del doctor Fernando Bajos. La forma en que llevó el caso, le costaría la carrera.

El secretario de Bajos era Ricardo Calcagno, hoy juez de Instrucción. El fiscal era Héctor Leguizamón Pondal, actualmente juez de Cámara. La subcomisaría 77ª (luego Unidad 28va.) estaba bajo las ordenes del subcomisario Hugo Vera, que años después fue funcionario de la Municipalidad de General Roca cuando la intendencia estaba a cargo del extinto gobernador de Río Negro y ex jefe de la SIDE, Carlos Soria. El segundo jefe de la subcomisaría 77ª, era el oficial principal Daniel Jesús Navarro, que luego fue jefe de Investigaciones.

La cacería

Sin orden formal del juez Bajos, incluso sin su pleno conocimiento, el oficial Navarro decidió, con la venia de sus superiores, formar un grupo de policías que se dedicara exclusivamente a buscar a la banda. Los seleccionó con cuidado. Eran policías considerados “bravos”. En un acta interna Navarro dejó su firma estampada, designando al oficial inspector Jorge Saúl Bobadilla como cabeza de ese grupo de 8 policías.

Desde la tarde del 21 y hasta el 23, se realizaron distintos operativos, varios de los cuales fueron simples razias.
En ellos se detuvo a Pablo Martín Figueroa, Juan Javier Figueroa, Oscar Horacio “Chivo” Báez y a  José Andrés Otarola. Pero el grupo de Bobadilla tenía más nombres en su lista. Pedro “Pedri” Figueroa, Daniel “El Visco” Palma y un tal “Chachi” figuraban en ella.

Miriam

El grupo de Bobadilla trabajó intensamente esos días. El 24 de diciembre creían estar cerca de detener a quienes todavía faltaban de la lista.

Algunos, incluso dentro de la misma fuerza policial, ya advertían que podía concretarse una venganza por la muerte de Osses, pero nadie le prestó atención a ese alerta o prefirieron dejar que se produzca.

En la tarde del 24 de diciembre una mujer joven entró a la subcomisaría 77ª. Era Miriam Medina. No fue allí porque sí. Bobadilla y sus hombres la habían entrevistado varias veces, la habían hostigado para que les diera una pista. Sabían que tenía una relación amorosa con el Pedri Figueroa y presumían que sabía dónde estaba.

En la subcomisaría Miriam Medina, acompañada por una amiga, se entrevistó con Bobadilla. Supuestamente les aporta un dato clave, a cambio de que no mataran al Pedri.

La propia Medina (según algunos) o su amiga (según otros) le contó a Bobadilla que esa noche Figueroa y el resto del grupo iría a su casa para despedirse. Querían dejar la ciudad, aprovechando que supuestamente los controles policiales estarían menos atentos por la Nochebuena. Figueroa quería viajar a Neuquén o el Alto Valle del Río Negro.

Bobadilla organizó el operativo inmediatamente, sin dar aviso al juez Bajos que, según costa en la causa, a las 19 del 24 dejó Bariloche para pasar las fiestas en otro lugar. Tampoco dio aviso a sus superiores, aunque otras versiones sostienen lo contrario.

La emboscada

El oficial inspector Bobadilla reunió en la subcomisaría a sus hombres y los puso al tanto de la situación y les dijo cual era el plan: una emboscada. Héctor Mario Gadea; Ricardo Jesús Chávez; José Luis Antilaf; Alejandro Schmeisser; Osvaldo Raúl Sánchez; Néstor Fabián Millaqueo y su hermano José Luis Bobadilla, lo escucharon atentamente.
Los policías, todos vestidos de civil, decidieron utilizar el auto particular de Gadea para movilizare. Era un Peugeot 504. Dos de ellos utilizaron otro vehículo particular, que nunca fue identificado claramente. Se dirigieron hasta la casa de Miriam Medina, ubicada en Los Colihues 1105, lugar conocido como La barda del Ñireco.

Los policías se ocultaron y esperaron, mientras en los hogares se disfrutaba la cena de Nochebuena.
Cerca de las 23.30, cuando los primeros petardos comenzaban a estallar, llegó un Renault 18 color claro. A bordo estaban José Pedro Figueroa, Daniel Omar Palma, José Oyarzo Navarro y Florentino Jaramillo Oyarzún.

La ejecución

El auto se detuvo a unos 20 metros de la casa. Florentino Jaramillo Oyarzún fue el único que bajó del auto y caminó hasta la casa de Medina. Antes de llegar, fue interceptado y reducido por el oficial Bobadilla, el cabo Schmeisser y, posiblemente, el cabo Millaqueo. La maniobra pasó desapercibida para los que habían quedado en el Renault 18.

Los policías llamaron a Miriam Medina y le preguntaron si conocía a Jaramillo Oyarzún. La mujer les contestó que no y luego le ordenaron que vuelva a entrar a la casa. Medina declararía meses después que, inmediatamente, escuchó tres disparos. Jaramillo Oyarzún había sido tendido en el suelo, boca arriba, y ejecutado de tres disparos en el pecho efectuados a 30 centímetros de distancia.

Simultáneamente el resto de los policías se abalanzó sobre el Renault 18 y comenzó a gatillar. Las pericias indicaron que los disparos se efectuaron entre un metro y un metro y medio de distancia.

En la hora siguiente y con la colaboración de otros policías que llegaron al lugar, el grupo de Bobadilla se dedicó a borrar pruebas. Se dispararon armas no identificadas y se las colocaron cerca de los cuerpos. Además se efectuaron más disparos con armas policiales. El objetivo era simular un tiroteo. Los vecinos del lugar, declararon después que los policías les gritaban que no salieran de sus casas, porque había un delincuente en las inmediaciones y que estaban persiguiéndolo.

La maniobra de modificar la escena, conjugada con el temor de los funcionarios judiciales de ganarse la enemistad de la policía, fue muy efectiva. La causa fue calificada como “homicidio en agresión”. Como si las muertes se hubieran producido en un enfrentamiento armado.

La causa fue juzgada con esa figura penal un año después por la Segunda Cámara del Crimen, que condenó a Jorge Saúl Bobadilla a seis años de prisión; a Ricardo Jesús Chávez a cuatro años y a Héctor Gadea, José Luis Bobadilla y José Luis Antilaf a la de 3 años y 6 meses, mientras que se absolvió a Osvaldo Sánchez, Alejandro Schmeisser y Néstor Millaqueo. Sin embargo el juicio fue declarado nulo tiempo después por el Superior Tribunal de Justicia por errores procesales y, tras años de espera de un segundo debate, la causa fue declarada prescripta por la Corte Suprema.

La única justicia

Al contrario de la causa contra los policías, la que tuvo como imputados a los primeros detenidos por el grupo de Bobadilla por el asalto a la empresa Tres de Mayo, sí fue juzgada y sentenciada. Allí se pudo determinar que alguno de los que fue ejecutado por el grupo de Bobadilla, no había participado en el asalto.

Ese expediente acumuló 4 cuerpos y una sentencia anulada. Finalmente culminó con la absolución de Oscar Horacio Báez y José Andrés Otarola.

Juan Javier Figueroa, por ser menor al momento del hecho, fue declarado responsable y luego se le aplicó la pena de 7 años de prisión efectiva.

Pablo Martín Figueroa fue condenado a 15 años de prisión efectiva. El 9 de octubre del 98, a las 6 de la mañana en la celda 314 del pabellón 7 de la Prisión Regional U.9 de Neuquén, su cuerpo apareció colgando del cordón de una zapatilla. Su deceso se había producido 8 horas antes. 

Según informes médicos e internos de ese penal, 3 días antes se había autolesionado bajo los efectos de una aguda crisis depresiva. Nadie le prestó mucha atención a esa muerte.

Fojas amarillas

En 1993 Enrique Sánchez Gavier fue el fiscal de Cámara de la causa de la Masacre de Nochebuena. Cuando se anuló la sentencia, se sintió defraudado. “Trabajé mucho. Es una de las causas más importantes, graves y traumáticas que tuve en mis manos”, dijo 11 años después, cuando se intentaba conformar otro tribunal para un nuevo juicio, cosa que finalmente nunca ocurrió.

“Fue una ejecución, no hay dudas”, sostuvo en ese momento.

Después, solos en su despacho con el periodista que lo entrevistaba, se levantó de su silla, fue hasta una caja polvorienta y sacó un paquete de 218 hojas amarillas. Era la sentencia anulada. “Guardé esto durante 11 años y no sé por qué. Tomá, llevátelo. Algún día podrás escribir algo”.

El fiscal Sánchez Gavier ya se ha jubilado. Ahora vive en Córdoba.

Es el momento de contar la historia. 

Enrique Pfaab